Waste Control
Control de residuos
Waste Control
By Gregg McQueen
More bite to BIC.
Councilmember Ritchie Torres is bringing forward a bill that would empower the Business Integrity Commission (BIC) ‒ a watchdog group designed to eliminate corruption in waste removal and other organized crime-plagued industries ‒ to review companies seeking permits to run waste transfer stations.
The legislation would afford the city greater oversight of waste transfer stations, and would empower BIC to investigate corruption, fraud and organized crime among companies operating transfer stations.
“Carting companies are heavily regulated by BIC, whereas waste transfer stations are largely unregulated,” said Torres at a press conference on June 7th. “[This bill] would close the loophole.”
The legislation, which will be introduced at the Council’s next stated meeting, would allow the city to revoke the licenses of bad actors.
While residential waste is handled by the city’s Sanitation Department (DSNY), commercial waste is collected by private carriers. These carriers must obtain permits from DSNY in order to operate, but Torres said the city currently has little power to regulate those businesses after granting a license.
He pointed out that William Formica, owner of Flag Container Services, a Staten Island-based trash hauling business, was arrested and charged with using his dumpsters and waste transfer station to cover up evidence of a murder.
“Even though BIC has moved to revoke his carting license, Formica continues to operate a waste transfer station which has a $37 million contract with the city of New York,” said Torres. “That’s an illustration of why the loophole desperately needs to be closed.”
BIC has since voted unanimously on Wed., Jun. 12th not to renew Flag Container Services’ license after determining that Formica had lied during the renewal process, and noted that Formica Construction had failed to provide “truthful information” about unsafe practices that have resulted in two deaths.
The license’s revocation is slated to go into effect June 26.
Torres’ legislation would also allow BIC to investigate unions tied to the waste hauling business.
Torres explained that his office performed an investigation of the waste hauling and transfer station industries and found that they continue to be plagued by corruption, fraud, worker exploitation, and health and safety violations.
Since 2010, private sanitation trucks have led to 33 fatal accidents, Torres said.
The investigation was inspired by the death of 21-year-old Mouctar Diallo, who was killed in 2017 while working on a Sanitation Salvage garbage truck in the Bronx.
Diallo served as an informal worker – often referred to as a “third man” – on the truck, assisting the driver and main helper and getting paid off the books. He fell off the side of the truck and was crushed by the vehicle’s wheels.
Immediately after the incident, the other workers on the truck denied they knew Diallo and informed police he was an “unknown pedestrian” who jumped onto the vehicle.
“His death is a reminder that the industry has a whole underground market of off-the-book workers,” said Torres. “They’re immigrant workers, undocumented workers. They’re the most defenseless, most vulnerable.”
Torres’ bill comes amid a concerted effort by the City Council to crack down on abuses in the commercial waste hauling industry.
In May, Councilmember Antonio Reynoso introduced a bill to create a commercial waste zoning system that would allow one private trash hauler per zone and improve safety regulations, cut down on travel time and reduce pollution.
At a press conference to announce the bill, Reynoso referenced the death of Diallo.
“His death will not be in vain,” Reynoso said.
The City Council’s Committee on Sanitation and Solid Waste Management will host a hearing to review the private waste hauling industry on June 27.
[Diallo’s] legacy is going to bring greater integrity and safety to the sanitation industry, and greater dignity to the workers of the industry,” Torres said. “No garbage business will be allowed to treat their workers like garbage.”
Control de residuos
Por Gregg McQueen
Más bocado a la BIC.
El concejal Ritchie Torres está presentando un proyecto de ley que otorgaría poder a la Comisión de Integridad Empresarial (BIC, por sus siglas en inglés), un grupo de vigilancia diseñado para terminar con la corrupción en la eliminación de desechos y otras industrias plagadas por el crimen organizado, para revisar las compañías que buscan permisos para dirigir estaciones de transferencia de desechos.
La legislación permitiría a la ciudad una mayor supervisión de las estaciones de transferencia de residuos y facultaría a la BIC para investigar la corrupción, el fraude y el crimen organizado entre las empresas que operan estaciones de transferencia.
“Las compañías de transporte están fuertemente reguladas por la BIC, mientras que las estaciones de transferencia de residuos no están reguladas”, dijo Torres en una conferencia de prensa el 7 de junio. “[Este proyecto de ley] cerraría la laguna”.
La legislación, que se presentará en la próxima reunión del Concejo, permitiría a la ciudad revocar las licencias de los malos actores.
Si bien los residuos residenciales son manejados por el Departamento de Limpieza y Recolección de Basura de la ciudad (DSNY, por sus siglas en inglés), los residuos comerciales son recolectados por transportistas privados. Estos operadores deben obtener permisos de DSNY para operar, pero Torres dijo que la ciudad actualmente tiene poco poder para regular esos negocios luego de otorgar una licencia.
Señaló que William Formica, propietario de Flag Container Services, una empresa de transporte de basura con sede en Staten Island, fue arrestado y acusado de usar sus contenedores y la estación de transferencia de residuos para encubrir la evidencia de un asesinato.
“Aunque la BIC se ha movido para revocar su licencia de transporte, Formica continúa operando una estación de transferencia de desechos que tiene un contrato de $37 millones de dólares con la ciudad de Nueva York”, dijo Torres. “Esa es una ilustración de por qué la laguna necesita ser cerrada desesperadamente”.
Dados los hechos, la BIC votó de forma unánime el miércoles 12 de junio por no renovar la licencia de Flag Container Services después de determinar que Formica mintió durante el proceso de renovación, y señaló que Formica Construction no proporcionó “información veraz” sobre prácticas inseguras que han resultado en dos muertes.
La revocación de la licencia está programada para entrar en vigencia el 26 de junio.
La legislación de Torres también permitiría a la BIC investigar sindicatos vinculados al negocio de transporte de residuos.
Torres explicó que su oficina realizó una investigación de las industrias de transporte y las estaciones de transferencia de desechos, y descubrió que continúan sufriendo de corrupción, fraude, explotación de los trabajadores y violaciones de salud y seguridad.
Desde 2010, los camiones privados de limpieza y recolección de basura han provocado 33 accidentes fatales, dijo Torres.
La investigación se inspiró en la muerte de Mouctar Diallo, de 21 años de edad, quien murió en 2017 mientras trabajaba en un camión de basura de Sanitation Salvage en el Bronx.
Diallo fungía como trabajador informal –a menudo llamados “tercer hombre”– en el camión, ayudando al conductor y al ayudante principal, y le pagaban por debajo de la mesa. Cayó al costado del camión y fue aplastado por las ruedas del vehículo.
Inmediatamente después del incidente, los otros trabajadores negaron conocer a Diallo e informaron a la policía que él era un “peatón desconocido” que se subió al vehículo.
“Su muerte es un recordatorio de que la industria tiene todo un mercado clandestino de trabajadores”, dijo Torres. “Son trabajadores inmigrantes, indocumentados. Son los más indefensos, los más vulnerables”.
El proyecto de ley de Torres llega en medio de un esfuerzo concertado por parte del Concejo Municipal para acabar con los abusos en la industria del transporte de residuos comerciales.
En mayo, el concejal Antonio Reynoso presentó un proyecto de ley para crear un sistema comercial de zonificación de desechos que permitiría un transportista privado de basura por zona y mejoraría las normas de seguridad y reduciría el tiempo de viaje y la contaminación.
En una rueda de prensa para anunciar el proyecto de ley, Reynoso hizo referencia a la muerte de Diallo.
“Su muerte no será en vano”, dijo Reynoso.
El Comité de Limpieza y Recolección de Basura y Manejo de Residuos Sólidos del Concejo de la Ciudad celebrará una audiencia para revisar la industria del transporte privado de residuos el 27 de junio.
“El legado [de Diallo] aportará una mayor integridad y seguridad a la industria de la limpieza y recolección de basura y una mayor dignidad para los trabajadores”, dijo Torres. “Ningún negocio de basura podrá tratar a sus trabajadores como basura”.
