Policing the pool
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Policing the pool

City Council regulates exploitative construction practices

Labor pools are getting a new look.

The New York City Council has passed groundbreaking legislation designed to combat unregulated labor providers that often profit from the exploitation of formerly incarcerated New Yorkers.

On November 11, the Council approved a bill to crack down on so-called “body shops,” which supply low-wage, non-union laborers to general contractors in the construction industry.

Intro 2318, introduced in May by City Councilmember Diana Ayala, provides a regulatory framework and increases transparency of how body shops operate. The bill distinguishes between legitimate subcontractors who assume risk when they bid on a project versus body shops, who supply laborers often formerly incarcerated and charge the general contractor or owner a premium for their work.

The bill requires labor brokers to obtain a license from the city and report their workers’ wages and demographics twice each year.

“Construction industry body shops provide developers with a cheap labor pool, made up of Black and Brown nonunion workers with criminal justice histories. Body shops take advantage of the scarcity of employment opportunities for reentry workers, and effectively force these workers into dangerous, low-wage jobs with no training,” said Ayala. “The action we’re taking in the City Council to regulate construction body shops will help create the conditions for real reentry in our city’s workforce and economy as part of Covid recovery.”

According to the new law, reentry labor brokers and job placement firms that regularly hire formerly incarcerated New Yorkers must meet specific criteria in order to be licensed and operate in the city. These entities now will be required to tell workers where they will work, what their pay will be and what benefits they will receive.

Construction is considered one of few industries where New Yorkers can readily find work after incarceration. The city’s reentry system relies on employment agencies to place workers from correctional facilities into jobs. In construction, these agencies are known as body shops because they provide physical labor to contractors who want to build projects as cheaply as possible.

As reentry workers must seek and maintain employment as a condition of their parole, construction employers have regularly reduced safety standards, cut wages and eliminated job-site protections prior to the legislation.

“We’re glad the New York City Council is requiring construction industry body shops to clean up their act and holding these firms accountable. With proper enforcement, this new law will empower formerly incarcerated New Yorkers, help remove barriers to workplace organizing on nonunion construction sites, and enhance public safety for all,” said Mike Prohaska, Business Manager of Laborers’ Local 79. “Now is the time to ensure more New Yorkers can get good-paying jobs and pursue fulfilling careers in construction after they come home from prison. Formerly incarcerated laborers who have paid their debt deserve the protections included in this new law.”

For more, please visit realreentry.org.

Vigilando al equipo

Ayuntamiento regula las prácticas constructivas de explotación

Los grupos de mano de obra están adquiriendo un nuevo aspecto.

El Concejo de la ciudad de Nueva York ha aprobado una innovadora legislación diseñada para combatir a los proveedores no regulados de mano de obra que a menudo se benefician de la explotación de neoyorquinos previamente encarcelados.

El 11 de noviembre, el Concejo aprobó un proyecto de ley para tomar medidas enérgicas contra los llamados “chapistería”, que suministran trabajadores no sindicalizados con salarios bajos a los contratistas generales de la industria de la construcción.

Intro 2318, presentada en mayo por la concejala Diana Ayala, proporciona un marco regulatorio y aumenta la transparencia de cómo operan las chapisterías. El proyecto de ley distingue entre subcontratistas legítimos que asumen riesgos cuando licitan en un proyecto y las chapisterías, que suministran trabajadores -a menudo ex carcelarios- y cobran al contratista general o al propietario una prima por su trabajo.

El proyecto de ley requiere que los intermediarios laborales obtengan una licencia de la ciudad e informen los salarios y la demografía de sus trabajadores dos veces al año.

“Las chapisterías de la industria de la construcción brindan a los desarrolladores un grupo de mano de obra barata, compuesto por trabajadores negros y marrones no sindicalizados con antecedentes de justicia penal. Las chapisterías aprovechan la escasez de oportunidades de empleo para los trabajadores que reingresan a la sociedad y obligan a estos trabajadores a realizar trabajos peligrosos y de bajos salarios sin capacitación”, dijo Ayala. “La acción que estamos tomando en el Ayuntamiento para regular las chapisterías ayudará a crear las condiciones para el reingreso real en la fuerza laboral y la economía de nuestra ciudad como parte de la recuperación de la Covid”.

De acuerdo con la nueva ley, los intermediarios laborales de reingreso y las empresas de colocación laboral que contratan regularmente a neoyorquinos previamente encarcelados deben cumplir con criterios específicos para obtener una licencia y operar en la ciudad. Ahora, estas entidades deberán informar a los trabajadores dónde trabajarán, cuál será su salario y qué beneficios recibirán.

La construcción se considera una de las pocas industrias en las que los neoyorquinos pueden encontrar trabajo fácilmente después del encarcelamiento. El sistema de reingreso de la ciudad depende de las agencias de empleo para colocar a los trabajadores de las instalaciones correccionales en puestos de trabajo. En la construcción, estas agencias se conocen como chapisterías porque brindan mano de obra física a los contratistas que desean construir proyectos lo más baratos posible.

Como los trabajadores que reingresan deben buscar y mantener un empleo como condición para su libertad condicional, los empleadores de la construcción han reducido regularmente los estándares de seguridad, recortado los salarios y eliminado las protecciones en el lugar de trabajo antes de la legislación.

“Nos complace que el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York esté exigiendo a las chapisterías de la industria de la construcción que se regularicen y responsabilicen a estas empresas. Con la aplicación adecuada, esta nueva ley empoderará a los neoyorquinos anteriormente encarcelados, ayudará a eliminar las barreras a la organización en el lugar de trabajo en los sitios de construcción no sindicalizados y mejorará la seguridad pública para todos”, dijo Mike Prohaska, gerente comercial de Laborers’ Local 79. “Ahora es el momento para asegurar que más neoyorquinos puedan conseguir trabajos bien pagados y sigan carreras satisfactorias en la construcción después de regresar a casa de la prisión. Los trabajadores anteriormente encarcelados que han pagado sus deudas merecen las protecciones incluidas en esta nueva ley”.

Para mas información, favor visite realreentry.org.